Paco Simón / Valencia
Fuente: DIAGONALWEB
Urabá es una región del noroeste colombiano, bañada por el Caribe y fronteriza con Panamá, cuya riqueza y privilegiada situación geográfica ha sido, paradójicamente, su desgracia. La fertilidad de sus tierras -segunda región del mundo en biodiversidad- y de su subsuelo -oro, petróleo, carbón, uranio-, unido a que es paso obligatorio para el contrabando de armas y narcóticos con Centroamérica, han provocado la disputa por su control de todos los grupos armados. A esto se añade el interés del Estado colombiano y de los grupos empresariales en ‘despejar’ la zona para llevar a cabo varios megaproyectos: un canal interoceánico que compita con el de Panamá y la prolongación de la carretera panamericana. Hasta la segunda mitad de los 90 la violencia política provocaba unas 2.000 muertes al año.
A partir de 1997 el Ejército, comandado por el general Rito Alejo del Río, en estrecha coordinación con los paramilitares (grupos de civiles creados por el Estado para practicar la guerra sucia), inició la pacificación de la región a sangre y fuego. Las principales víctimas fueron -y son- la población civil. Los campesinos se vieron envueltos en el fuego cruzado entre Ejército, paramilitares y guerrilla, al tiempo que sufrían las presiones de estos mismos grupos armados para que se pusieran de su lado.
Hartos de desplazarse de un lugar a otro y de sufrir todo tipo de agresiones, un grupo de campesinos de San José de Apartadó decidió poner en marcha un mecanismo de resistencia civil en medio del conflicto, que posteriormente sería adoptado por otras comunidades. En 1997, San José se constituyó en comunidad de paz, lo que implica no admitir en su territorio la presencia de ningún grupo armado y el compromiso público de sus 1.220 habitantes de no colaborar con ninguna de las partes enfrentadas. La guerrilla empezó a dejar de hostigarles, pero militares y paramilitares consideraron su neutralidad como complicidad con la insurgencia. En estos 13 años la comunidad ha seguido resistiendo, pero ha sufrido cerca de 600 crímenes de lesa humanidad, que incluyen 197 asesinatos y centenares de desapariciones, torturas, desplazamientos, detenciones arbitrarias, robos… La inmensa mayoría a manos de soldados y paramilitares. El último asesinato se produjo el pasado 9 de febrero: dos paramilitares encapuchados mataron en su propia casa a Fabio Manco; su muerte había sido anunciada en noviembre de 2009 por un paramilitar, asiduo colaborador del Ejército, quien mostró a un habitante de San José una lista de personas a ejecutar, entre las que figuraban varios miembros de la comunidad: Fabio y Luis Arnelio Zapata ya han sido asesinados.
El informe de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Colombia de 2005 alertaba sobre la posibilidad de que las agresiones continuaran: “La impunidad que ha cobijado la mayoría de los casos de los que ha sido víctima la comunidad de San José de Apartadó, así como la estigmatización de las autoridades contra varios de sus miembros ha incidido en la persistencia de su situación de riesgo”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, ha pedido a las autoridades colombianas, en reiteradas ocasiones, que tomen las debidas medidas para garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad de paz, “pero es como poner al zorro a cuidar del gallinero”, lamentan los habitantes de la comunidad. Para Uribe las comunidades de paz suponen un mal ejemplo ya que ponen en peligro uno de los pilares fundamentales de su política de “seguridad democrática”: la negación del conflicto y, por tanto, la implicación de todas y todos los colombianos en la lucha contra el ‘terrorismo’.
En febrero de 2005 fueron despedazados ocho habitantes de San José a garrotazos y machetazos. La brutalidad de esta matanza provocó una fuerte reacción internacional que ha llevado a procesar a 10 militares y varios paramilitares. Pero ni en este caso ni en ningún otro se ha juzgado a los autores intelectuales, lo que propicia que se mantenga la estrategia de acoso contra la comunidad de paz: se le sigue vinculando con la guerrilla; las amenazas, robos y bloqueos económicos son constantes, y no han cesado los crímenes, aunque en los últimos años son selectivos con el objeto de evitar al Estado colombiano los costos políticos que implican las masacres.
LA ACTUALIDAD
FUENTE: www.cdpsanjose.org
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Agosto 17 de 2010
A sólo cuatro días de haber denunciado el homicidio intencional de Álvaro Montoya, Presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío de San José de Apartadó, tenemos que denunciar nuevamente ante el país y el mundo un nuevo homicidio perpetrado al parecer por integrantes de las FARC:
• El lunes 16 de agosto de 2010, hacia las 12:00 horas, hombres con trajes de camuflado y armas largas, identificados como integrantes de las FARC, llegaron a la vivienda de NELLY VARGAS, de 32 años, en la vereda Mulatos-Cabecera, la sacaron de su casa y se la llevaron a un lugar distante unos diez minutos, donde la asesinaron. Tanto los padres de Nelly como sus primos son miembros de nuestra Comunidad de Paz. Ella deja tres niños huérfanos de 12, 7 y 2 años, a los cuales nuestra Comunidad les brindará espacios de supervivencia y acogida.
• El martes 17 de agosto de 2010, en horas de la mañana, el Coronel Germán Rojas, comandante del Batallón Voltígeros, de la Brigada XVII, le atribuyó a nuestra Comunidad de Paz la responsabilidad por los hechos registrados, afirmando que, al no permitir la presencia de la fuerza pública, somos responsables de esos hechos. Ya antes había dicho que Álvaro Montoya había sido asesinado al frente de nuestro asentamiento de San Josesito; luego dijo que el hecho había ocurrido a 50 metros del mismo y que la ausencia de tropa en el lugar fue lo que lo hizo posible. ¿Olvida el Coronel Rojas que sus tropas constantemente patrullan esa zona y tienen un puesto de control a poca distancia de donde ocurrió el hecho? ¿Olvida también que la presencia de la tropa en nuestras veredas ha causado numerosos asesinatos y otros centenares de crímenes contra la vida y la libertad?
Nuevamente la mentira, la difamación y la calumnia se ensañan contra nosotros y se sirven de los crímenes de otros actores para construir nuevos chantajes y amenazas. Nuevamente nos extraña e indigna que los superiores jerárquicos del Coronel Rojas le permitan perpetrar toda suerte de infamias contra nosotros sin sancionarlo y que los órganos de control del Estado lo inmunicen con una escandalosa impunidad.
Nuestra Comunidad condena el homicidio intencional de que fue víctima NELLY, y renueva su llamado a la insurgencia para que no utilice métodos vedados por las normas humanitarias que rigen los conflictos armados en cualquier parte del mundo.
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